De los 26 casos identificados de adjudicatarios que se encontraban en mora, 7 ya regularizaron su situación, otros 7 presentaron un plan de pago y se espera que en los próximos días el resto de los que se encuentran en mora presenten su propuesta para ponerse al día.

El titular del ente agrario señaló que la recaudación de los que se pusieron al día supera los 3.200 millones de guaraníes. Expresó que el ingreso de estos recursos servirá para cumplir con el objetivo de titulación para este año, que consiste en la entrega unos 3.500 títulos, con lo cual se espera superar en 24% el registro alcanzado durante el año pasado.

Ruiz Díaz explicó que es un alivio para la situación presupuestaria del INDERT, considerando que sufrió una reducción del 6% con respecto al año anterior.

El monto total de lo adeudado al INDERT por los adjudicatarios asciende a la suma de 23.000 millones de guaraníes, de los cuales más de 18.000 guaraníes corresponde al atraso en el pago de las cuotas y 4.958 millones de guaraníes al no pago de la entrega de la cuota.

Los casos afectados son inmuebles de entre 3.000 y 4.000 hectáreas de superficie, cuyos pagos se encuentran en mora. Al respecto, el artículo 53 del Estatuto Agrario establece que la mora por tres anualidades consecutivas hace decaer la adjudicación y el lote pasa nuevamente a disposición de la institución, según explicó la directora jurídica de la institución María del Carmen Cardozo.

Asimismo, el artículo 93 sobre incumplimiento ó actos ilícitos determina que, el incumplimiento de las obligaciones legales, revierten los lotes a disposición del Indert cuando: a) Se observan incumplimientos de las obligaciones legales, y b) No se da un uso económico y racional al inmueble por un tiempo superior a dos años.

Igualmente, los inmuebles titulados que cuentan con obligaciones pendientes de pago, están supeditados a las mismas disposiciones legales.

Asimismo, el Estatuto Agrario establece que la vía de la compensación en dación de pagos que se pretende imponer a la Institución no es una figura establecida en la Ley y compromete de forma peligrosa los recursos necesarios para llevar a cabo la reforma agraria.

A raíz de estos antecedentes, se iniciaron los trámites para la recuperación de inmuebles, identificando, en esta primera fase del año 2024, todos los casos de incumplimiento vinculados a la Región Occidental o Chaco.