Al iniciar la reunión, los legisladores aceptaron todos los Proyectos de Resolución, como el que reitera pedido de informe al Poder Ejecutivo – Secretaría Nacional de Cultura y a la Municipalidad de la ciudad de Asunción.

Asimismo, el Proyecto de Resolución que pide informe al Poder Ejecutivo – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y al Instituto de Previsión Social (IPS) referente a procedimientos licitatorios de adquisición de medicamentos específicos.

Además, el Proyecto de Resolución “Que pide informe a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, referente a la aplicación de mecanismos de control en las licitaciones de productos farmacéuticos.

También al Ministerio de Obras Públicas Comunicaciones (MOPC), al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Petróleos Paraguayo (PETROPAR) y a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

Posteriormente, los senadores aprobaron con modificaciones el Mensaje N° 1.224 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que establece el traslado definitivo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del personal de salud vinculado bajo el régimen de contratos con fecha a término, que presta servicios en los establecimientos de salud dependientes del citado Ministerio, cuyos haberes proceden de los fondos de los gobiernos departamentales, municipales y de las entidades binacionales”, presentado por varios diputados nacionales.

Para el tratamiento de este punto, el Pleno se convirtió en Comisión y el senador Antonio Barrios, como presidente de la Comisión de Salud, manifestó que el proyecto tiene la intención de regularizar laboral y salarialmente al personal de salud que está contratado por los Consejos de gobiernos departamentales, municipalidades y de entidades binacionales. 

El documento permitirá el traslado definitivo del personal de blanco que está bajo el régimen del contrato de los gobiernos citados, al Ministerio de Salud, con los mismos derechos y sin perder la antigüedad.

El proyecto tuvo modificaciones en el artículo 1, donde se incluyeron las propuestas de los senadores Juan Bartolomé Ramírez y Derlis Osorio. El primero, solicitó que se agregue a la lista de gobiernos departamentales, municipales y entidades binacionales, a aquellas instituciones que tengan convenio y programas del Ministerio de Salud. Por su parte, el senador Osorio, pidió se le incluya también al personal que presta servicio en el Hospital del Cáncer, que depende del IPS (30 en total).

Otra modificación está en el artículo 5, y señala que en ningún caso los consejos regionales podrán contratar de nuevo con los recursos de los consejos departamentales, municipales y entidades binacionales, a no ser para adquirir insumos médicos o instrumentos para el fortalecimiento del sistema de salud.

Finalmente, se agregó el artículo séptimo, propuesto por la senadora Esperanza Martínez, donde específica que el Ministerio de Salud deberá publicar en su página web el listado de los beneficiados de este proyecto, en un plazo de 20 días, luego de ser promulgado el documento, a fin de transparentar el proceso.

El documento vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.

En otro momento, los senadores aprobaron con modificaciones el Proyecto de Ley “Que prohíbe el arancelamiento de los cursos de grado en todas las universidades del país”, presentado por el senador Víctor Ríos.

El proyectista señaló que la intención es lograr el arancel cero para las carreras de grado en las universidades.

Con esto se estará promoviendo que el Estado cumpla con su compromiso y obligación de que todas las personas tengan una vida digna con la educación gratuita consagrada como derecho humano en los pactos y convenios internacionales.

A su turno, la senadora Esperanza Martínez como presidenta de la Comisión de Hacienda, citó que se puede buscar recursos utilizando un 28 por ciento del FONACIDE, que se destina a la administración central.

Otra opción que mencionó fue usar los fondos que corresponden a los Fondos de Excelencia para las universidades y, otra opción, es la combinación de los fondos que corresponden a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), con los de la Excelencia y la Educación.  Esta modificación se incluyó en el artículo 3, a los efectos de dar cumplimiento al presente proyecto.

La senadora Blanca Ovelar dijo estar totalmente de acuerdo con el concepto de gratuidad en la universidad, pero reflexionó que lo importante también es fortalecer el estudio secundario. Propuso estudiar una ley de arancel cero.    

Por su parte, el senador Enrique Salyn Buzarquis, indicó que el arancel es un impedimento de muchos jóvenes para proseguir sus estudios universitarios; mientras que  la senadora Hermelinda Alvarenga, abogó por buscar la forma de no dejar sin ingreso a la UNA; a su turno, el senador Stephan Rasmussen manifestó que indudablemente el estudio universitario es una herramienta importante para todo individuo, pero ante la falta de una fuente de financiamiento, pidió la postergación del tema, moción que al final no prosperó. 

La senadora Desirée Masi significó que apoyaba la aprobación del documento, porque el Estado también tiene que dar esa esperanza que necesita la población y que este es el momento propicio para empezar con la gratuidad en la universidad. 

El senador Amado Florentín, planteó aprobar el proyecto agregándole algunos condicionamientos como por ejemplo que los beneficiarios no sean hijos de empleados públicos, que tengan buenas notas o para deportistas. Además, que sea por este periodo fiscal, moción a la que se sumó el senador Patrick Kemper.

Finalmente, se aprobó por unanimidad, con los 34 senadores presentes en línea.