La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha fracasado en la lucha contra la evasión fiscal, aseveró la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por su sigla en inglés).

La ICRICT refirió que lo anterior se puede ver reflejado en que año con año existen filtraciones y escándalos de evasión fiscal, como los Panama Papers, Bahamas Leaks y los más recientes Mauritius Leaks, revelados apenas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés).

“Está claro que los intentos de la OCDE de poner fin a esta situación han fracasado hasta ahora en gran medida. La jurisdicción de Mauricio ha sido un actor clave en el mundo de la evasión fiscal internacional, explotando las mismas debilidades del sistema que los países de la OCDE como Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Suiza y el Reino Unido”, detalló.

Desde el 2013, la OCDE puso en marcha una serie de reformas, como las normas de intercambio de información entre autoridades fiscales, así como la exigencia de que las multinacionales presenten informes país por país sobre el lugar en el que operan, todo ello para evitar el problema de la evasión fiscal.

De acuerdo con Gabriel Zucman, economista miembro del ICRICT, 40% de los beneficios obtenidos en el extranjero por las multinacionales de todo el mundo se transfieren, artificialmente, a paraísos fiscales.

En tanto, en meses anteriores revelaron que 10% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial está oculto en paraísos fiscales en forma de depósitos, acciones, bonos y fondos de inversión.

“Cuando las empresas mundiales y los muy ricos eluden sus responsabilidades fiscales, son los países y las poblaciones más pobres los que más pierden. Los gobiernos todavía tienen la oportunidad de reducir el gasto esencial necesario para luchar contra la desigualdad, la pobreza y el cambio climático, o de cerrar la brecha mediante el aumento de impuestos como el IVA, que es el que más afecta a los ciudadanos comunes”, explicó el ICRICT.

Los Mauritius Leaks es una nueva investigación del ICIJ, que revela cómo esta antigua colonia francesa se ha transformado en un próspero centro financiero, a expensas de sus vecinos africanos y otros países menos desarrollados.

La investigación está basada en un depósito de 200.000 registros confidenciales de la oficina de abogados Conyers Dill & Pearman en la República de Mauricio. A través del diseño de un “sofisticado sistema financiero”, se desviaron ingresos fiscales de las naciones pobres a las arcas de corporaciones occidentales y oligarcas africanos. Los archivos datan de principios de los años 1990 al 2017.

Los hallazgos refieren que para desviar ingresos se aprovecharon “los oscuros acuerdos internacionales”, los cuales permiten a las empresas pagar impuestos en Mauricio y no en las naciones africanas donde los obtuvieron. Además, otro beneficio de esta jurisdicción es la opacidad, ya que las transacciones están ocultas en informes financieros confidenciales.

“Los Mauritius Leaks han puesto de relieve una vez más cómo las multinacionales y los más ricos consiguen evitar el pago de la parte que les corresponde de los impuestos, ya sea legal o ilegalmente (...) (La investigación) demuestra una vez más lo anticuado e injusto que es el actual sistema tributario internacional”, precisó la ICRICT.

La ICRICT señaló que esta jurisdicción “dice aceptar las reglas del juego” establecidas por la OCDE, ello para no ser denunciada como poco cooperativa. No obstante, puede operar en zonas grises. Explicó que lo anterior se debe a que las normas establecidas permiten las manipulaciones técnicas.

“Como país en desarrollo, Mauricio también puede decir que sólo está imitando a países de la OCDE como Irlanda, Luxemburgo, Suiza e incluso el Reino Unido, que diseñaron el juego y sus reglas, y que no son denunciados por la OCDE ni por la Unión Europea”.

Cabe destacar que anteriormente la jurisdicción de Mauricio ya ha sido analizada por la OCDE, debido a prácticas fiscales nocivas, además de ser analizada como paraíso fiscal por la Unión Europea. Sin embargo, ajustó su régimen fiscal para cumplir con los requisitos y ser considerada como una jurisdicción que cumple con las normas.