Señala que las principales instituciones de recaudación de la Administración Central en el Paraguay son la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La SET obtuvo un incremento del ingreso de 5,6% del PIB en 2010 a 7,1% del PIB en el 2015, mientras que la DNA vio descender sus recaudaciones de 6,7% del PIB en 2010 a 5,6% en 2015.

Pareciera ser que la DNA no ha tenido el éxito de la SET en el combate a las redes y esquemas de evasión. La SET también identificó grupos de contribuyentes que incumplen sus obligaciones tributarias, como son los sectores de autos usados, futbolistas, agroexportadores, productores primarios y prestadores de servicios profesionales (médicos, odontólogos, fisioterapeutas, etc.). La autoridad tributaria no dispone actualmente de todos los mecanismos deseables para combatir eficazmente la evasión impositiva.

Hace falta una serie de reformas que definan mejor el concepto de evasión impositiva, los castigos correspondientes y el rol institucional de la autoridad tributaria en esos casos.

La estimación de gastos tributarios o exoneraciones fiscales del Paraguay es de 1,69% del PIB en 2015. El IVA es el principal componente de los gastos tributarios con el 66% de la cifra global, seguido del impuesto a la renta corporativa (IRC) con 14% del total.

La promulgación de la Ley 5.542/2015, “De garantías a las inversiones y fomento a la generación de empleo y el desarrollo económico y social”, parece indicar que se recorrerá el camino contrario, de generar más gasto tributario.

Esta ley otorga invariabilidad tributaria del impuesto a la renta de las empresas hasta un plazo de veinte años, hipotecando reformas futuras. Es decir, en un contexto de bajas tasas impositivas se refuerza la práctica de las exoneraciones fiscales que, sin un claro y medible beneficio económico y social, priva al Estado de importantes recursos.

La participación del IRP en la estructura del impuesto a la renta fue de solo 3,2% en 2015. Para mejorar su rendimiento es necesario introducir algunas modificaciones que podrían consistir en: poner límites a la deducibilidad de los gastos, incluir la renta global y re balancear la progresividad del impuesto.

El IRAGRO aporta mayores ingresos que el IMAGRO, pero la contribución de la renta agropecuaria, de solo 0,2% del PIB, sigue siendo muy baja. El impuesto inmobiliario aplicado a los predios rurales es exiguo y recaudó sólo US$ 10 millones en 2015. Una mayor presión tributaria de este impuesto obligará a replantear el esquema de tenencia y producción de la tierra, mejorando su distribución. Las modificaciones propuestas de los regímenes del IRP, el IRAGRO y el impuesto inmobiliario podrían mejorar su rendimiento, pero no se deberían descartar reformas más profundas que mejoren la participación de la imposición directa a niveles similares a los vigentes en la región.