El vacío normativo: la paradoja de Paraguay ante la Inteligencia Artificial

Por Rubén D. Avila López: Abogado y Docente Universitario.
Paraguay tiene una de las mejores conexiones de internet de América Latina. Sin embargo, en el índice regional que mide qué tan preparado está cada país para la inteligencia artificial, quedó entre los últimos. Así lo confirma la tercera edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA).

El estudio ubica a Paraguay con 31,20 puntos sobre 100, en la categoría más baja, denominada "exploradores", junto a Bolivia, Honduras y Venezuela; muy lejos de Chile, Brasil y Uruguay. Pero lo llamativo no es el puesto en sí, sino la razón detrás de ese lugar.

Según datos del ILIA, Paraguay tiene la tercera mejor velocidad de respuesta en internet (latencia) de la región y una cobertura móvil que llega a casi toda la población, es decir, la infraestructura física, la excusa habitual para explicar el atraso tecnológico, ya no es el problema. Entonces, ¿Dónde se encuentran los desafíos? Pues, según el ILIA están en la gobernanza, el talento especializado y, sobre todo, en el marco jurídico.

Hoy Paraguay no tiene una ley de inteligencia artificial promulgada. Sí cuenta con la reciente Ley N° 7.593/2025 de Protección de Datos Personales, que representa un avance real. Norma que está promulgada, pero todavía no rige, recién será plenamente exigible en noviembre de 2027.

Mientras en el Congreso se estudian dos proyectos de ley para regulación de la IA. Esto expone una contradicción temporal crítica que nadie parece haber calculado: si el Congreso aprueba una ley de IA antes de noviembre de 2027, ¿bajo qué régimen de protección de datos va a funcionar? Sería un escenario absurdo. 

El país tendría una ley de inteligencia artificial funcionando en un mercado sin protección de datos personales activa, justamente cuando el tratamiento masivo de información y datos es más sensible y propenso a abusos. ¿O es que la futura ley de IA tendrá que esperar a que la de datos entre en vigencia para entrar a actuar?

Ninguno de los proyectos responde esta interrogante, es decir, se están analizando normas en formas separadas, sin entender que forman parte de un mismo sistema.

En el mundo tecnológico como en cualquier otro, la ausencia de reglas claras no significa libertad; significa incertidumbre. Es un freno invisible para la empresa que quiere invertir en tecnología, para el abogado que debe litigar cuando un algoritmo cause un daño, y para el ciudadano común que usa estas herramientas.

Pero, atención con lo que se predice, regular la IA no puede significar simplemente importar el Reglamento Europeo, cambiarle el membrete y aprobar, el famoso, copy-paste para apurar la promulgación de una ley. Una acción de esta manera, ignora las circunstancias institucionales y económicas de nuestro país. La verdadera solución exige una normativa diseñada a la medida de la realidad paraguaya. 

Para lograrlo, el proyecto debe surgir de un proceso de consultas que a técnicos del área y a juristas, tanto del ámbito local como internacional. Puesto que, solamente cruzando la experiencia técnica con el análisis jurídico se podrá construir una ley que se adecue al país, que sea aplicable en la práctica y que no quede como simple letra muerta de inspiración extranjera.

La inteligencia artificial ya está instalada en Paraguay; no pide permiso ni espera debates legislativos para avanzar. Mientras el país corre con una muy buena infraestructura física, su marco normativo sigue atrapado en una descoordinación temporal profunda en el Congreso.

Ahora la gran pregunta es, si se aprueba apuradamente una ley de IA antes de que la protección de datos sea una realidad en 2027, ¿estaremos abriendo la puerta a una regulación inaplicable o, peor aún, a un escenario de desprotección masiva para los ciudadanos?