Medio extrajero advierte que el grado de inversión pende de un hilo

"Paraguay recurre a trucos contables para ocultar una deuda de 1.000 millones de dólares con proveedores, mientras su calificación de grado de inversión pende de un hilo, señala una publicación del comunicador especializado, Alek Buttermann, en BNE IntelliNews, medio alemán dirigido al nicho de inversores y al mercado.

A continuación la publicación completa: 

El gobierno de Paraguay está desplegando ingeniería financiera para contener una crisis de deuda con proveedores de 1.000 millones de dólares en el momento preciso en que su recién adquirida calificación de grado de inversión es más vulnerable al escrutinio, una apuesta que, según advierten los economistas, podría ser contraproducente.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, confirmó a Bloomberg que los atrasos adeudados a proveedores de la construcción y farmacéuticos suman al menos 1.000 millones de dólares, un pasivo heredado en parte del aumento del gasto en la era de la pandemia de la administración anterior y agravado por la falta de pago crónico desde al menos el primer trimestre de 2025. 

Lovera, designado en abril tras la renuncia de su predecesor por una controversia sobre pensiones, ha reconocido que liquidar el atraso puede requerir una dispensa legislativa sobre el tope de déficit del 1,5% del PIB, ya superado una vez antes cuando la brecha fiscal alcanzó el 4,1% del PIB en 2023.

El sector de la construcción por sí solo arrastra aproximadamente 190 millones de dólares en capital pendiente, más otros 100 millones en multas por intereses acumulados. La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) informó que los contratos con el Ministerio de Obras Públicas ascienden a aproximadamente 80 millones de dólares mensuales, pero desde marzo o abril de 2025 los desembolsos han cubierto solo la mitad de esa cantidad, y el déficit se ha agravado hasta llegar a la crisis actual. El presidente de Capaco, Heisecke, advirtió que si el 10% de los proyectos de infraestructura se estancan, se podrían perder entre 20.000 y 25.000 empleos directos e indirectos....

El instrumento elegido por el gobierno, la Resolución 296 emitida por el Ministerio de Hacienda, ha provocado críticas inmediatas de ambos sectores afectados. En lugar de una asignación presupuestaria directa, que habría requerido reconocer el pasivo completo en las cuentas públicas, el ministerio optó por un esquema de factoraje que permite a los proveedores ceder sus cuentas por cobrar a intermediarios financieros a cambio de liquidez anticipada. La resolución excluye explícitamente al Estado de asumir cualquier costo asociado: comisiones, descuentos y cargos por intereses recaen íntegramente sobre las empresas proveedoras. En el sector de la construcción, donde las tasas aplicables se estiman entre un 18,5% y un 19%, las empresas recuperan efectivamente menos del valor nominal de sus facturas certificadas.

El consultor económico Sergio Sapena, citado por ABC Color, argumenta que el mecanismo incrementa el costo final para el Estado en aproximadamente 180 millones de dólares sobre un total de 1.200 millones... [debido a] fallas de planificación que generaron los atrasos en primer lugar. Señaló específicamente supuestos erróneos sobre el tipo de cambio en la planificación presupuestaria, ya que el gobierno estableció proyecciones de 7.800 guaraníes por dólar en un momento en que la depreciación del dólar era ampliamente anticipada en los mercados globales.

El sector farmacéutico se enfrenta a un problema estructuralmente similar. La Resolución 296 restringe la elegibilidad a un reducido subgrupo de gastos que abarca únicamente medicamentos, dejando fuera a los proveedores de análisis clínicos tercerizados, mantenimiento de equipos y medicamentos suministrados por órdenes judiciales. Representantes de Cripfa, la cámara de importadores, señalaron que casi la mitad de los proveedores del sector sanitario quedan fuera del alcance del esquema, y han amenazado con la suspensión de los servicios tercerizados si no se ofrece una alternativa.

Sapena hizo extensiva su crítica a la calificación crediticia soberana del país, advirtiendo que el mecanismo de factoraje equivale a una gestión cosmética del déficit que podría desencadenar una revisión de la calificación. Paraguay obtuvo su segunda calificación de grado de inversión hace menos de seis meses, y la preocupación está bien fundada: las agencias de calificación evalúan no solo los ratios fiscales principales, sino también la transparencia con la que los gobiernos contabilizan los pasivos públicos. El uso de instrumentos fuera del balance para diferir el reconocimiento de una deuda conocida y cuantificada es precisamente el tipo de práctica que los analistas señalan.

El Ministerio de Economía ha delineado un plan de pago más amplio que se extiende hasta agosto de 2028, el cual combina factoraje, pagos programados para los meses de mayores ingresos y un posible instrumento de emisión de deuda, según informó Bloomberg. Que ese plazo sea alcanzable depende críticamente del desempeño de la recaudación. La recaudación fiscal de Paraguay se situó en apenas el 11,4% del PIB en 2024, entre las más bajas de América Latina....

La exposición macroeconómica es aún más profunda. Heisecke declaró a Info Negocios que los inversores extranjeros que evalúan a Paraguay como destino industrial examinan la disponibilidad de infraestructura antes de comprometer capital, y que una desaceleración sostenida de las obras públicas erosionaría el posicionamiento del país como una de las economías de más rápido crecimiento de la región. Las estimaciones del sector sitúan el déficit total de inversión en infraestructura en 30.000 millones de dólares para la próxima década.

El escenario más probable a corto plazo es el de pagos parciales por parte del Estado combinados con una fuerte dependencia de la financiación bancaria, en lugar de la normalización que permitiría la recuperación del sector. A menos que el gobierno reemplace la Resolución 296 por un mecanismo que comparta el costo del retraso de manera equitativa y restaure la confianza de los proveedores antes del ciclo de informes fiscales de fin de año, Paraguay corre el riesgo de llegar a su próxima revisión crediticia con un balance debilitado, un programa de infraestructura estancado y un problema de credibilidad que las facturas descontadas no pueden ocultar.