El Gobierno quiere trasladar el costo de la cesión de deuda por las obras públicas sobre la cabeza de las empresas, cuando el costo del atraso en el pago lo generó el Gobierno, al no cumplir con los pagos. En estas condiciones se puede generar un sobre costo de USD 45 millones para las empresas si se acepta el mecanismo.
Las empresas constructoras rechazan la Resolución 296 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que reglamenta la cesión de deuda del Estado con proveedoras, debido a que en ella el gobierno no asume el costo de la utilización de la herramienta financiera que pudiera utilizarse para la reducción de las deudas.
Con el ajustado margen que generan las obras públicas, por la alta competitividad entre las firmas participantes de las distintas licitaciones, resulta inviable asumir los sobre costos de la utilización de factoring.
De hecho, para los miembros de Cavialpa, el mecanismo queda inviable, porque traslada comisiones y costos financieros a las empresas constructoras.
Paul Sarubbi, titular de la Cámara Vial Paraguaya, al ser consultado sobre la propuesta, expresó que este esquema podría generar intereses por USD 45 millones para el sector, en costos financieros. Consecuentemente, esta no podría ser una herramienta para reducir la deuda.
Los últimos datos estadísticos relacionados a la deuda por las obras viales dan cuenta de que la deuda actual se mantiene en torno a los 200 millones de dólares en capital por certificados de obras y USD 110 millones en intereses acumulados de deudas anteriores.
Salida
Ante el fracaso, de la cesión de derechos para cobrar la deuda atrasada, las salidas para que el MOPC pueda saldar la deuda con las constructoras es la reprogramación presupuestaria y posteriormente la ampliación del presupuesto, teniendo en cuenta que el presupuesto de 570 millones de dólares para el año es absolutamente insuficiente, considerando que el valor de las obras en marcha supera los 900 millones de dólares.
Actualizada: 17/07/2026 07:07 hs
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