PGN 2017 implica fuerte recorte de programas sociales

Publicado en fecha 28-12-2016
Una de las principales razones por las cuales el Poder Ejecutivo solicitó el veto total al proyecto de Ley Nº 5789 que aprueba el Presupuesto General de la Nación 2017, sancionado por el Congreso Nacional, obedece a la necesidad de preservar los programas sociales. 

No vetar implica castigar a sectores más pobres de la población, ya que necesariamente se deberá recortar programas sociales para pagar deudas obligatorias. Esto obligará recortar asignaciones a programas como Adultos Mayores y Tekopora, puesto que habrá una reversión del gasto público, es decir, aumento de gastos rígidos (salarios y deudas) que desplaza las inversiones sociales y productivas.

También existen gastos rígidos, financiados con impuestos, que sobrepasan las estimaciones de financiamientos reales previstas por el Ejecutivo, es decir, aumentos salariales propuestos para algunos sectores, por encima del tope de crecimiento establecido en la LRF y sin ningún criterio de asignación, además de que no cuentan con fuente de financiamiento, principalmente, aquellos ajustes que están vinculados automáticamente al salario mínimo.

Otro aspecto relevante por el cual se requiere el veto al PGN 2017 es el incumplimiento con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), ya que el déficit supera el límite de 1,5%, con lo cual se viola una herramienta de desarrollo de contención de gastos, de responsabilidad, de credibilidad de las finanzas públicas, además de vulnerar la Ley 1535 de Administración Financiera y la CN. 

Cabe mencionar también que los préstamos con próximos vencimientos quedaron desfinanciados. Se requiere amortizar compromisos por USD 316 millones, y el PGN 2017 aprobado solo previó USD 144 millones, lo que pone en riesgo la calificación soberana del país y sus implicancias en el mercado, tales como la inversión privada y el crecimiento de la economía.

Otra de las razones por la que es necesario el veto al PGN 2017 es por atentar contra la estabilidad macroeconómica que tanto esfuerzo costó al país para lograrla, así como la imagen país y el bienestar de la gente, aún más de la población vulnerable. Igualmente, por atentar contra la política monetaria al limitar su ejecución y desarrollo, lo que imposibilita el cumplimiento de uno de los mandatos constitucionales del BCP que es mantener la estabilidad de precios.