Entre las razones por las cuales el Gobierno hace uso de esta atribución constitucional, está el aumento de los componentes rígidos del gasto y la discrecionalidad de los incrementos salariales aprobados en contravención a disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

El Proyecto de Ley objetado ha contemplado la asignación de aumentos salariales por encima del tope de crecimiento establecidos en la ley vigente, sin contar con estimaciones reales de financiamiento. El aumento de estos gastos rígidos obligaría al Ejecutivo a recurrir al recorte de programas sensibles incorporados en el Presupuesto, perjudicando enormemente a sectores vulnerables de la población.

La falta de previsiones presupuestarias para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de deuda pública pone en riesgo la calificación soberana del país. El calendario del servicio de la deuda para el 2017, requiere el pago de USD 316 millones, de los cuales solo se autorizaron USD 144 millones. Esta situación, a su vez, tiene implicancias en el mercado, en la inversión privada e impacta negativamente en el crecimiento de nuestra economía.

Otra de las razones que fundamentan el veto total es el hecho de que el proyecto sancionado debilita significativamente el accionar de la política monetaria del país al limitar la gestión del Banco Central, lo que afectará el cumplimiento de su mandato constitucional de mantener la estabilidad de precios.

Ante las circunstancias planteadas y ante la necesidad de cumplir con las expectativas en materia de bienes y servicios públicos a favor de la población para el 2017 y , luego un profundo análisis, el Poder Ejecutivo considera como mejor opción mantener la vigencia del PGN 2016, por lo cual ha objetado totalmente el Proyecto de PGN 2017 sancionado por el Congreso Nacional.

·         El PGN 2017 vulnera principios de la CN y Ley 1535/99.

·         Incumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), ya que el déficit supera el límite de 1,5% establecido por esta Ley. Con esto viola una herramienta de desarrollo de contención de gastos, de responsabilidad, de credibilidad, de las finanzas públicas.

·     Contempla aumento discrecional de salarios en algunos sectores, por encima del tope de crecimiento establecido en la LRF y sin ningún criterio de asignación, además de que no cuenta con contrapartida real de financiamiento; mientras que se dejó de lado aquellos ajustes que sí están vinculados automáticamente al mínimo.

·     Incorpora gastos rígidos (financiados con impuestos) por encima de las estimaciones de financiamientos reales previstas por el Ejecutivo (no tienen financiamiento).

·         Obligará a recortar programas sociales que afectará a sectores vulnerables, puesto que habrá una reversión del gasto público (aumento de gastos rígidos que desplaza inversiones sociales y productivas).

·         Préstamos quedaron desfinanciados (Amortizaciones: USD 316 millones, y el proyecto solo previó USD 144 millones) lo que pone en riesgo la calificación soberana del país y sus implicancias en el mercado tales como la inversión privada y el crecimiento de la economía.

·         Atenta contra la estabilidad macroeconómica que tanto esfuerzo costó al país para lograrla, así como la imagen país y el bienestar de la gente, aún más de la población vulnerable.

·         Atenta contra la política monetaria al limitar su ejecución y desarrollo, lo que imposibilita el cumplimiento de uno de los mandatos constitucionales del BCP que es la de mantener la estabilidad de precios.