Señaló que normalmente para trabajar, lo hacen apalancados por los bancos. Ya sea para la compra de equipos, contratación de personal, capacitaciones, compra de activos y en el flujo de caja de los distintos proyectos y hoy, “a raíz del gran atraso de pagos de parte del Estado con las empresas constructoras, hizo que se haya dificultado el pago de los créditos y que las empresas puedan tener problemas”.

Entonces, “lo que estamos pidiendo es que el Banco Central emita una resolución con la cual cuide el estatus de las empresas y que se tome como una excepción esta situación, hasta que el Estado pueda regularizar los pagos y de esa manera no tenga que sufrir alguna modificación en su categoría crediticia”, explicó Sarubbi.

Señaló que lo que pasa es que cuando uno empieza a atrasarse en los pagos, los bancos empiezan a bajar la categoría crediticia y cuando el riesgo sube y por ende las tasas de interés que van cobrando a las empresas por sus préstamos van subiendo y las líneas de crédito se van reduciendo.

Indicó que esta situación al final genera un círculo vicioso, una cadena en la cual las empresas cada vez están peor y les es mucho más difícil salir de esta situación.

Esperemos que corra nuestro pedido porque hay antecedentes de que se haya conseguido para otros sectores, como por ejemplo para el sector agrícola en periodos de sequía, y para el sector de la construcción la falta de cobros es como la falta de lluvia para el sector agrícola, manifestó Sarubbi.

La deuda del Estado con las empresas constructoras es de alrededor de 400 millones de dólares, lo que ha provocado una reducción de la mano de obra ocupada en el sector en alrededor de 40.000 empleos menos.