Unión Europea apoya cohesión social en América Latina

Publicado en fecha 20-10-2015
La Comisión Europea (CE) anunció una nueva fase de su programa de cooperación, la tercera, destinado a incrementar la cohesión social en América Latina, Eurosocial, que contará con un presupuesto de 32 millones de euros para los próximos cinco años.

Esta nueva fase del programa se desarrolla en 19 países de América Latina.

Desde el 2016 y hasta el 2021, estará centrada en tres áreas prioritarias de actuación: políticas sociales, de buena gobernanza y de igualdad de género.

El comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, subrayó que la desigualdad es una preocupación común en ambas regiones y que este programa muestra el apoyo de la Unión Europea (UE) a los esfuerzos que América Latina reqaliza para incrementar la cohesión social.

“A pesar de los avances en el área de cohesión social, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo no sólo en cuanto a los niveles de renta, sino también en lo que respecta el acceso a servicios públicos, la discriminación de grupos vulnerables y el ejercicio de los derechos humanos”, añadió.

La UE, dijo, “apoya las políticas clave y los procesos de reforma para la igualdad de género, la protección social y la gobernanza democrática, piedras angulares de sociedades cohesionadas”.

El programa inició en el 2005 y ha culminado en avances como la creación de centros de asistencia, conocidos como “Casas de Derechos”, destinados a atender a los grupos sociales más vulnerables.

Un ejemplo es un centro de Tegucigalpa (Honduras) destinado a dar atención a las mujeres víctimas de la violencia de género, recordó el Ejecutivo comunitario.

También centros de apoyo fiscal para las personas de rentas bajas, como el que se ha puesto en marcha en El Alto (Bolivia), o servicios de empleo para jóvenes y centros de capacitación o colocación laboral en Costa Rica.

La CE destaca, además, el refuerzo de la transparencia y el acceso a la información con iniciativas como la que se ha llevado a cabo en El Salvador, donde el ejercicio del derecho del acceso a la información se introducirá en los programas escolares.