Según confiaron varias firmas del sector a El Cronista, su intención es apurar este proceso para que la salida de ese programa oficial se de lo más rápido posible, un reclamo que los empresarios vienen realizando desde hace ya varios meses.

De acuerdo con lo sugerido durante las dos reuniones que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, esta canasta de productos -serían entre 100 y 120- llegaría para poner fin a Precios Máximos -que surgió por ley como una medida de emergencia en el inicio de la pandemia-, aunque desde el Gobierno insisten en que esto solo ocurrirá si las empresas "aportan todo lo que tienen que aportar" a este nuevo esquema.

Esto quiere decir, según la visión oficial, no solo que sean generosos al momento de ofrecer sus productos para la canasta -que no necesariamente deberán ser de primeras marcas-, sino que también tendrán que asegurar que se podrán encontrar en todos los canales de venta, y que habrá stock suficiente.

En caso de que estos parámetros no cumplan con las expectativas del Gobierno, se podría incluso dilatar el fin de Precios Máximos, hasta tanto no entienda que sí se respeten las pautas establecidas. De este modo serían tres los programas oficiales para contener la inflación: la nueva canasta de productos básicos, Precios Máximos y Precios Cuidados.

Precios Máximos vence el 15 de mayo próximo y, en principio, el objetivo es lanzar esta formato antes de esa fecha. Entre los mecanismos que el Gobierno pretende imponer para lograr que estos productos sean realmente comercializados en los puntos de venta a los precios acordados, aparece la exigencia de que en el frente del packaging figure su precio al consumidor.

Según las alimenticias, esto hace más compleja la adaptación de la mercadería que quedará comprendida en este programa ya que deberán rediseñarlos, algo que no solo lleva un tiempo sino que también requiere de un desembolso extra.

Una vez presentadas las diferentes propuestas por parte de las compañías, el Gobierno podrá convocarlas para analizar cada situación, y analizar si están o no de acuerdo con el listado presentado.