En un comunicado, Tai afirmó que su oficina procederá con los avisos que correspondan y recopilará comentarios públicos, lo que significa que mantendrá la amenaza de aranceles sobre las importaciones de los seis países como parte de una investigación iniciada por su predecesor en la administración de Donald Trump, Robert Lighthizer.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) dio a conocer la decisión pese a los renovados compromisos del gobierno de Joe Biden de buscar un acuerdo global sobre impuestos a los servicios digitales.

Tai también dijo que la USTR estaba terminando las investigaciones arancelarias de la “Sección 301” contra Brasil, República Checa, la Unión Europea (UE) e Indonesia porque estas jurisdicciones no han adoptado o implementado impuestos a los servicios digitales que antes estaban bajo consideración. Si adoptan un impuesto a los servicios digitales, la USTR aseguró que podría abrir una nueva investigación de tarifas.

“Estados Unidos sigue comprometido con alcanzar un consenso internacional a través del proceso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre cuestiones tributarias internacionales. Sin embargo, hasta que se logre ese consenso, mantendremos nuestras opciones bajo el proceso de la “Sección 301”, incluida, si es necesario, la imposición de aranceles", dijo Tai.

El proyecto de gravamen a las grandes empresas tecnológicas es llevado de la mano por la OCDE, el proyecto promete entregar a los gobiernos cuotas por hasta 100,000 millones de dólares en ingresos fiscales, por lo que la organización ha buscado el consenso entre los países miembro y en más de 100 naciones, para la aprobación de la reforma fiscal.

Con este planteamiento, la OCDE desea garantizar que las multinacionales, incluidas las grandes tecnológicas de EU y las empresas europeas de artículos de lujo, paguen impuestos en los países donde desarrollan sus actividades.

Países como Francia, Inglaterra, Italia y España apoyan la aprobación de impuestos sobre grandes corporaciones, ya que argumentan que empresas, como Apple, Google o Facebook, se benefician enormemente del mercado europeo mientras realizan contribuciones mínimas a las tesorerías nacionales.