“Artículo 60.- Queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que se establezca en los reglamentos respectivos:

a) Utilizar la autoridad o influencia que pudiera tener a través del cargo, o la que se derive por influencia de terceras personas, para ejercer presión sobre la conducta de sus subordinados;

b) Trabajar en la organización o administración de actividades políticas en las dependencias del Estado;

c) Usar la autoridad que provenga de su cargo para influir o afectar el resultado de alguna elección, cualquiera sea su naturaleza;

d) Ejecutar actividades ocupando tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial de la dependencia, para fines ajenos a lo establecido para el organismo o entidad donde cumple sus tareas; y en especial, ejercer cualquier actividad política partidaria dentro del mismo...”

En ese sentido, solicita a aquellos funcionarios que se encuentran en ejercicio de cargos de confianza y que pretendan precandidaturas o candidaturas para cargos electivos, en elecciones generales (nacionales, departamentales y municipales) o elecciones partidarias; que presenten su renuncia al cargo que ocupan, a fin de evitar incurrir en las conductas prohibidas por la citada normativa, considerándose incompatible el ejercicio de los cargos de confianza con toda ocupación que no pueda conciliarse con las obligaciones del cargo.