“Las declaraciones juradas de los jueces permiten que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil tengan un mayor control sobre el Poder Judicial. Cuando un juez es autónomo e independiente podemos considerar sus decisiones como neutras y objetivas, porque no responden a ningún otro interés más que el de velar por lo que es justo.  Principalmente, si se trata de delitos de corrupción que atentan contra la calidad de vida de los paraguayos, como los casos de licitaciones amañadas o sobrecostos de infraestructura pública”,  explicó Ezequiel Santagada, director ejecutivo de IDEA. 

Expone la totalidad de activos y pasivos, de ingresos y gastos, incluyendo al cónyuge en el régimen ganancial. También, se listan los bienes administrados o bajo custodia. Con estos datos, la Contraloría General de la República puede analizar el crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos y, gracias a los análisis de correspondencia, detectar si existen indicios de enriquecimiento ilícito u otros delitos. Al momento de publicar las declaraciones juradas, todos los datos sensibles son omitidos.  

En todo el territorio paraguayo hay 1006 jueces, de los cuales solamente 22 optaron por divulgar voluntariamente sus declaraciones juradas hasta la fecha, según la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP). La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la publicidad de Declaraciones Juradas de Altos Cargos Públicos, entre los años 1998 y 2017, elevó el número de declaraciones juradas de autoridades que se encuentran a disposición de la ciudadanía. En este fallo también se encuentran las declaraciones juradas de los agentes fiscales de delitos económicos y anticorrupción.  Estas declaraciones se encuentran en https://djbpublico.contraloria.gov.py/ y están disposición del escrutinio ciudadano y de los medios de prensa.  

Las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos y autoridades, permanecen en resguardo de la Contraloría General de la República (CGR) y para que sea pública debe contar con una autorización por parte de cada juez interesado. 

Esto se realiza de manera sencilla, con la firma de una nota de autorización dirigida a la CGR y completando un formulario en el que se detallan los datos que deben quedar ocultos. Según la Ley 5282, de Acceso a la Información Pública (AIP), se trata de nombres de hijos menores, dirección y otros considerados datos sensibles.

En la página web https://djbr.contraloria.gov.py/djb/ se puede completar un formulario de declaración jurada, tras registrarse previamente. De igual manera, pueden acceder a un modelo de nota preestablecido en las oficinas de la Contraloría. 

El proyecto “Justicia Transparente” cuenta con el apoyo de la Asociación de Magistradas Judiciales del Paraguay, la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay y de la Asociación de Fiscales del Paraguay, para el desarrollo de esta campaña. Estas organizaciones participan activamente en la promoción de la transparencia entre sus respectivos socios y socias.