El presidente Lenín Moreno anunció un acuerdo con líderes indígenas en que se revierte el paquete de medidas económicas que contenía la eliminación del subsidio a los combustibles, con lo que se dispararon los precios de la gasolina y el diésel. El pacto también pone fin a las protestas.

Después de 11 días de protestas callejeras en las que murieron siete personas y fueron detenidas más de mil personas, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, derogó este domingo un polémico decreto con reformas económicas que generó una importante alza a los precios de los combustibles.

La decisión, adoptada tras una mesa de diálogo entre el mandatario y líderes indígenas, con la mediación de las Naciones Unidas, la iglesia católica y rectores de universidades estatales y privadas, conlleva a la suspensión automática de las protestas.

" Se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país", señala el convenio alcanzado por las partes.

“Hemos tenido un acuerdo, que como bien se ha manifestado de lado y lado ha significado sin duda alguna, sacrificio de cada una de las partes, porque eso es precisamente un acuerdo”, dijo Moreno. “No significa ganarlo todo”.

Poco después del anuncio, Moreno publicó en su cuenta de Twitter que se promulgará un nuevo decreto "que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan".

El decreto se mantuvo en vigencia desde el 1 de octubre y durante 12 días, pero la presión y las insistentes manifestaciones callejeras diarias en todo el país por parte de distintos sectores, especialmente indígenas, lograron echar abajo la decisión que, según el gobierno, buscaba estabilizar las finanzas fiscales y reducir sustancialmente un abultado déficit.

“Creo que ha sido importante este acercamiento, hace tiempo queríamos conversar de estos procesos, quisiéramos también de corazón y decir que los pueblos y nacionales nos hemos levantado en busca de la libertad”, dijo el máximo dirigente indígena, Jaime Vargas.

Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y principalmente trabajan en el campo.

Las protestas sociales empezaron poco después de que Moreno decretara a inicios de octubre un duro paquete económico, aunque lo que más enardeció a la población fue el incremento del precio de la gasolina de 1,85 a 2,30 dólares por galón y del diésel de 1,03 a 2,30 dólares.

Las medidas buscaban hacer frente a una complicada situación derivada de una abultada deuda de 64.000 millones de dólares y un recurrente déficit anual de 10.000 millones.

Las manifestaciones adquirieron el sábado una violencia inusitada con escenas de saqueos y actos vandálicos en la capital propiciadas por bandas de encapuchados que quemaron la Contraloría y atacaron un canal de televisión y un diario. Esos grupos sometieron a la capital a bloqueos y desmanes y a otras escenas de terror.

Para controlar tales actos, el gobierno decretó estado de excepción y un toque de queda, y desplegó militares a las calles para el cumplimiento de tales disposiciones, que impidió el libre tránsito. El domingo se hizo una pausa de nueve horas a la restricción de movilidad.

La Defensoría del Pueblo informó que por las manifestaciones han muerto siete personas, hay 1.340 heridos y 1.152 detenidos.

Antes de las jornadas de protesta, los pozos de la Amazonía producían unos 430.000 barriles de petróleo, pero la producción ha caído a 176.029 barriles, según cifras entregadas el sábado por una fuente de Petroamazonas a la AP, que pidió el anonimato porque no está autorizado a dar esos datos. Eso significa pérdidas por casi 14 millones de dólares diarios.

Moreno responsabilizó de la violencia a grupos de narcotraficantes, al presidente venezolano Nicolás Maduro y a seguidores del exmandatario Rafael Correa (2007-2017), algunos de cuyos más altos colaboradores están acusados y procesados por hechos de corrupción con fondos públicos.