Respeto a la propiedad y estudio riguroso de expropiación plantea legisladora

Publicado en fecha 16-08-2019
Diputada Rocío Vallejos (PPQ).

La expropiación de inmuebles es un tema muy delicado, que exige una solución equilibrada. Así lo señaló la abogada Rocío Vallejos, diputada nacional por el Partido Patria Querida (PPQ).

Indicó que en primer lugar se debe tener en cuenta el principio a la garantía de la Propiedad Privada, que está establecida en la propia Constitución Nacional. “Es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque hay derechos en ambas partes. Derecho al respeto a la propiedad privada y el derecho de la gente a tener un pedazo de tierra”, puntualizó.

Al analizar el tema y ser consultada sobre su opinión en relación a las ocupaciones ilegales, la diputada Vallejos fue categórica al indicar que ella particularmente está en contra de todo lo que sea violento y que las invasiones u ocupaciones son violentas, pero que para paliar esa problemática es preciso fortalecer las instituciones del Estado, responsables de contar con suficientes documentaciones e informes relacionados al tema.

Entonces abogó por que se sepa qué propiedades tiene el Estado, las condiciones en las que están y cuáles son las que se pueden ofrecer a las personas que necesitan un hábitat, un lugar para vivir. “Creo que debemos comenzar por ver qué tiene el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el Ministerio de Desarrollo Social (ex Secretaría de Acción Social – SAS), cuáles son las tierras que existen, dónde están esas tierras, si son o no habitables, si pueden ser destinadas a estas personas, etc. Hay que comenzar por ver qué tiene el Estado, hacer un catastro de todas esas propiedades”, sugirió.

Consultada sobre su opinión en relación a expropiar tierras de empresas conformadas por sociedades anónimas, la legisladora manifestó que en cualquier tipo de expropiación, sea de sociedades anónimas o de personas particulares, se deben reunir los requisitos para ello.

“En primer lugar, se debe verificar la situación de la invasión, la antigüedad en el lugar, que no sea solamente una cuestión para realizar la expropiación y que termine siendo un negociado, quienes están ahí, hace cuánto tiempo, identificar los núcleos familiares que están asentados o las personas asentadas, que en muchos casos –en los expedientes de expropiación no tenemos esos datos-, quien va a pagar, cuánto se va a pagar por esas tierras.

Agregó que se debe asegurar que el propietario sea resarcido en ese caso, porque en las leyes de expropiación no figura cuánto se le va a pagar al propietario, ni quién le va a pagar, ni cuándo se le va a pagar, más todo el tiempo que ya dejó de usar su tierra”, apuntó.

Añadió que, por otro lado, es preciso ver que un pedido de expropiación reúna las condiciones documentales. “Nosotros constantemente estamos viendo, y yo soy muy puntillosa cuando se trata de una expropiación, que esta reúna todas las condiciones y los documentos necesarios, desde el punto de vista de ubicación del inmueble.

Señaló que se debe evitar que haya superposición, que no existan litigios pendientes sobre el mismo, informes de la Dirección de Registros Públicos e informes del Servicio Nacional de Catastro. Estos son documentos que obligatoriamente deben estar en un expediente de expropiación y esto debe ser algo que se trabaje en serio. Porque, los expedientes que llegan para expropiación a la Cámara de Diputados, algunos ni siquiera tienen fotografías de los lugares que van a ser expropiados”, contó.

“Expropiar una propiedad es algo muy gravoso, principalmente para el dueño del inmueble, por lo que éste tiene que tener una garantía de que va a ser resarcido en su pérdida de ese pedazo de tierra, y así también puede ser una solución para determinadas situaciones de personas que están habitando un sitio desde hace mucho tiempo”, reflexionó.

Indicó que el respeto a la propiedad privada, solución al problema habitacional con otras propiedades que de seguro ya tiene el  Estado o eventualmente ubicar propiedades aptas para dar respuesta a la necesidad de tierra de la gente, previo acuerdo con el o los propietarios del o los inmuebles, son respuestas que debe dar un Estado organizado y de acuerdo a las normas vigentes, respetando siempre el derecho de todos, concluyó.