“La tasa se aplicará a partir del 1 de enero del 2019 y durante todo el año, por un monto que evaluamos en 500 millones de euros”, afirmó Le Maire en una rueda de prensa en París, junto al ministro de Desarrollo ruso, Maxim Oreschkin.

Esta medida “podría ser introducida en la Ley Pacto”, aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional. Será presentada al Senado a principios del año próximo. “Es una posibilidad, pero tampoco es la única”, explicó.

Sin embargo, el ministro precisó que este impuesto a los gigantes de Internet, que Francia ha defendido hasta ahora sin éxito en la UE, no se limitará a la facturación prevista en la directiva europea y se ampliará a los “ingresos por publicidad, plataformas digitales y reventa de datos personales”.

En cuanto a los impuestos europeos, Le Maire no se da por vencido y espera que se adopte en marzo una directiva por unanimidad.

Francia no es el único país del continente europeo que ha volteado a ver a los gigantes tecnológicos. El gobierno británico anunció el pasado mes de octubre la creación de una tasa especial para gravar la facturación en el Reino Unido de las principales compañías de Internet, a partir de abril del 2020, ante la lentitud a nivel internacional para crear un nuevo marco fiscal de esos grupos digitales.

Philip Hammond, ministro británico del Tesoro, anunció en ese momento que el impuesto se aplicará a firmas que tienen ingresos superiores a los 500 millones de libras (562 millones de euros) a nivel global y tienen beneficios. Los servicios que serán sometidos al nuevo gravamen son los buscadores en Internet, las plataformas de redes sociales y las plataformas de comercio digital.

La medida está claramente dirigida a grupos como Google, Facebook y Amazon, que apenas pagan impuestos en el Reino Unido, porque concentran sus beneficios europeos en países con mejores condiciones fiscales como Irlanda.

Anteriormente, el exministro George Osborne trató de afrontar esta situación creando una tasa de 25% sobre los beneficios que esas firmas supuestamente desvían del Reino Unido a otras jurisdicciones, pero este plan apenas generó recaudación ante la dificultad de medir esas ganancias.

El cálculo de Hammond sería más sencillo, al consistir en un porcentaje de 2% sobre los ingresos que las empresas logran de los consumidores británicos al vender sus servicios y productos por medios digitales. El ministro estimó que esta medida podría permitir a la Hacienda británica unos ingresos anuales de 400 millones de libras.

Según Hammond, esta decisión se debe al lento avance de las negociaciones internacionales para gravar a esas compañías. Si surgiera una solución pactada con otros países, Londres se adaptaría a ella.