No quedará ninguna familia pobre en Paraguay: esa debe ser la consigna del Gobierno, del sector privado y de la sociedad. Con cada sector de la sociedad haciendo su parte y tan solo 8.000 extensionistas familiares (que ya existen) apoyando a 200 familias cada uno se podrá alcanzar a las 1.6 millones de familias del país y eliminar la pobreza multidimensional en Paraguay en un plazo de 5 años. El razonamiento es el siguiente:

Debemos aplaudir el crecimiento económico de los últimos años. Está documentado que los empleos productivos creados por el sector privado son responsables de la disminución de la pobreza en el campo y la ciudad. El problema que seguimos teniendo es que esta prosperidad no es compartida por un cuarto de la población del país. La pobreza monetaria está estancada en el 26% y padecen hambre unas 350.000 personas. Nuestros jinetes del apocalipsis cabalgan sobre el bajo nivel educativo de nuestros jóvenes, la creciente inseguridad, el éxodo masivo rural-urbano y la precariedad de los asentamientos entre otros.

Una política de eliminación de pobreza deberá dejar de separar la política económica de la social. Deberá también dejar de basarse en los individuos, para basarse en las familias. ¿Un camino rural, es política social o económica? ¿Sirve para llevar la producción al mercado o para facilitar el ingreso de una ambulancia? ¿Puede un niño ser pobre “solo”? ¡No!. Las familias son pobres o no pobres. ¿Ganar Gs. 664.297 (línea de Pobreza Total según la DGEEC) por mes por miembro de la familia nos hace “no pobres”? ¡No!. Debemos superar el simplismo de medir solo la pobreza monetaria y entender las múltiples dimensiones de la pobreza.

La pobreza multidimensional no tiene que ver solo con los ingresos. Además, está la situación del empleo, vivienda, infraestructura, salud, medio ambiente, educación, cultura, organización y participación ciudadana, así como el estado de ánimo y la motivación. La violencia doméstica y la tolerancia hacia personas que no piensan como uno son tan determinantes de la pobreza como el transporte público y la generación de empleos dignos.

Las actuales políticas sociales están desorientadas porque se enfocan de manera dispersa y descoordinada en los individuos y no en las familias. Un programa de apoyo a la niñez y otro programa de prevención del embarazo adolescente por aquí, unos capacitando a jóvenes para el primer empleo y apoyando a los adultos mayores por allá. Mientras que se mide pobreza de ingresos, paradójicamente, Tekoporá no premia la generación de ingresos sino la educación y la vacunación con Gs. 152.000. En general, fomentamos las trampas de la pobreza al impulsar el asistencialismo sin empoderamiento.

Eso hace que el gobierno siempre esté alejado de la gente. Los 13 ministerios y las 84 secretarías actúan separadamente y con políticas parciales. La medida del éxito no es la eliminación de la pobreza sino aumentar su ejecución presupuestaria y el gasto público, creando la sensación de insatisfacción tanto en los administradores públicos como en la población. Y ocurre lo perverso: los gobiernos buscan aumentar la cobertura de Tekoporá y no declararlo obsoleto por innecesario.

No tiene por que necesariamente ser así. Existe la tecnología (social e informática) para articular no solo el trabajo de las instituciones del estado con el sector privado y la sociedad civil, sino también con las iglesias, la juventud, los sindicatos y los movimientos sociales. Pero la principal articulación debe ser con la gente misma, con todas las familias paraguayas. No hay en Paraguay 7 millones de habitantes; hay solo 1.6 millones de familias a razón de 4.3 personas por familia. Puesto que la pobreza es multidimensional y afecta por definición a todas las familias de una manera u otra, no tiene sentido dividir a la población entre familias pobres y no pobres. Se debe movilizar a todas las familias, darles protagonismo en la definición y solución de sus problemas y carencias.

No quedará ninguna familia pobre en Paraguay: esa debe ser la consigna del Gobierno, del sector privado y de la sociedad en general. Un tablero de control multidimensional permitirá a que cada familia se auto-diagnostique y elabore, con apoyo de su extensionista familiar, su plan familiar para eliminar su pobreza y salir adelante. Todas y cada una de las familias saben en qué están bien y en qué están mal.  Cada familia sabe su brecha. Y cada familia necesita una combinación específica de servicios: dientes sanos con el Ministerios de Salud, ahorro con el Banco Central, capacitación laboral con el SNNP y violencia contra la mujer con el Ministerio de la Mujer.

Al optar por la familia y no por los individuos del país como unidad de medida, el gobierno podrá contar con un hilo conductor que guíe su política de eliminación de pobreza. Asimismo, al consultar con todas las familias podrá contar con un perfecto diagnóstico de la situación real de la población.

La demanda de servicios sociales no es difícil articular ya que tan solo hay 1.6 millones de familias que viven en 254 municipios. Hay 290.000 funcionarios públicos, 410.000 beneficiarios de programas sociales del gobierno, 900.000 empleados en el sector privado, incluyendo 208.000 desempleados y 173.000 sub-ocupados. La Dirección de Censos tiene mejor información.

Conociendo la demanda, y contando con un extensionista por familia, el gobierno podrá impulsar dos innovaciones: el Registro Único de Familias y la Ventanilla Única de Servicios Públicos. Los extensionistas familiares no deberán ser contratados sino deberán ser funcionarios públicos capacitados y reconvertidos.

¿Dónde comenzar? Identificando y capacitando a los 8,000 extensionistas familiares para que cultiven una relación de confianza y respeto con sus familias asignadas. Desarrollando planes de acción departamentales y municipales. Incentivando a las empresas del sector privado a que apoyen la eliminación de la pobreza que afecta a sus trabajadores. Sensibilizando a las familias y las comunidades para que busquen activamente superar la pobreza que les afecta. Redefiniendo el Presupuesto General de Gastos de la Nación para que mida resultados e impacto y no solo actividades y ejecución. Impulsando incentivos para que la salida de la pobreza sea un buen negocio para todos. Y desarrollando mecanismos que impidan que las familias sean discriminadas políticamente y que información confidencial sea protegida.