De acuerdo con su estudio “panorama del uso de las tecnologías y soluciones digitales innovadoras en la política y la gestión fiscal”, los países latinoamericanos enfrentan tres grandes problemas: insuficiencia recaudatoria, alta ineficiencia del gasto público y opacidad fiscal.

“La digitalización puede contribuir vigorosamente al progreso fiscal. Innovaciones recientes, basadas en conceptos y herramientas de tecnología digital, están relegando las prácticas tradicionales de la política y la gestión fiscal, no sólo en la región sino en el mundo (...) Estas nuevas tendencias permiten superar las limitaciones existentes, reducir barreras y costos de acceso a la información relevante, oportuna y confiable”, indica el documento.

El reporte destaca que estas nuevas tecnologías son disruptivas, por lo cual los cambios que provocan son radicales dentro de las administraciones tributarias; no obstante, enfatiza que adoptar tecnologías digitales podría incrementar la recaudación de impuestos indirectos, a nivel mundial, hasta en 2% del Producto Interno Bruto (PIB) por año, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otro lado, el FMI también ha estimado que la digitalización, en un futuro, podría ayudar a poner impuestos a la riqueza que se esconde en paraísos fiscales, la cual representa alrededor de 10% del PIB mundial.

Si bien el nivel de recaudación tributaria en la región es bajo, es en gran parte por la evasión fiscal que existe en estos países, el BID expone que las tecnologías como el big data y la inteligencia artificial son aliadas de los fiscos para aumentar el pago de impuestos.

“Reducir la evasión y el fraude, así como simplificar el cumplimiento tributario permitirían a los gobiernos de la región aumentar su recaudación tributaria y destinar más recursos para la inversión pública y el gasto social. Las nuevas tecnologías digitales tienen el potencial de apoyar estos esfuerzos al aumentar el acceso a informaciones relevantes de los contribuyentes y sus transacciones, a más bajo costo, con mayor confiabilidad y seguridad, de manera oportuna y más precisa y con procesamientos analíticos más sofisticados”, explica.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, si bien el promedio de recaudación tributaria como proporción del PIB es de 34,3%, en América Latina y el Caribe apenas representa 22,7 por ciento.

El FMI estima que reducir la brecha de digitalización a la mitad podría incrementar los ingresos por IVA en 1,7% del PIB en países en desarrollo, mientras que con el uso del big data, añade el BID, se podría recuperar hasta 20% de la pérdida de ingresos públicos.

“La ciencia de datos y la inteligencia artificial pueden brindar a la fiscalización tributaria informaciones, relaciones e indicios de fraude casi imposibles de obtenerse con la tecnología anterior”, acota.

Asimismo, refiere que el big data puede ser de gran ayuda en cuanto al gasto público que realizan los países, ya que podrá dotar información valiosa y oportuna para las asignaciones presupuestales y para optimizar la gestión presupuestaria, con lo cual se contribuirá a reducir las ineficiencias en la ejecución de los recursos públicos.

“La tecnología digital tiene el potencial de aumentar la eficiencia del gasto de inversión al proveer información más precisa, integrada y oportuna, de manera que los formuladores de política y gestores públicos puedan planear mejor, priorizar el gasto y hacer un seguimiento integral a proyectos de inversión”, señala el reporte.

En la parte de transparencia fiscal, el BID indica que, a través de tecnologías como el blockchain, se podría mejorar la veracidad, inmutabilidad, accesibilidad y transparencia de los datos económicos, fiscales y financieros, así como de las compras estatales.

“La tecnología digital puede apoyar efectivamente los esfuerzos de promoción de transparencia fiscal. Por medio de la provisión de más información sobre la gestión y uso de los recursos públicos y las transacciones del gobierno, es posible mejorar la participación ciudadana y el escrutinio público en cuanto al diseño de la política fiscal, del proceso presupuestario y de la ejecución financiera”, expone.