Argentina recibió ofertas de 26 empresas para desarrollar rutas a través de sociedades público-privadas que invertirían un total de 6.000 millones de dólares en los próximos cuatro años, como parte de un ambicioso programa de infraestructura.

La iniciativa, novedosa para el país, busca renovar seis corredores viales de alto tránsito sin golpear las arcas del Estado a través de sociedades con empresas privadas, como una unidad del local Grupo Techint y otra de la firma portuguesa Mota Engil, que estuvieron entre las firmas que presentaron ofertas.

“Es el plan de infraestructura más ambicioso de nuestra historia”, señaló durante la presentación oficial de las ofertas el ministro argentino de Finanzas, Luis Caputo.

Desde que asumió la Presidencia al final del 2015, el presidente liberal Mauricio Macri ha buscado modernizar la infraestructura del país sudamericano tras años de escasas inversiones. Pero esa meta choca con su búsqueda de reducir el déficit fiscal, que este año bajaría a 3,2% del PIB.

Los seis proyectos viales por los que se recibieron ofertas el martes incluyen más de 2.500 kilómetros de caminos, que implicarán una inversión extra de 2.000 millones de dólares para su posterior mantenimiento.

Las subastas de proyectos para construir caminos son parte de la primera ola de obras por un total cercano a los 30.000 millones de dólares prevista hasta el 2022 bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP o APP).

Más de 17 naciones latinoamericanas tienen programas PPP, que representan alrededor de 40% de las inversiones en infraestructura, según el Banco Mundial.

Bajo esos programas, las compañías privadas financian la construcción de las obras e ingresan en un contrato de largo plazo con el Estado para recuperar su inversión.

Los ganadores de los contratos viales en Argentina serán anunciados entre el 16 de mayo y el 1 de junio, y las empresas se harán cargo de las concesiones a principios de junio, dijo una portavoz del Ministerio de Finanzas.

A pesar del fuerte apoyo que Macri ha recibido a nivel global por sus reformas liberales tras más de una década de políticas intervencionistas en la economía, Argentina ha tenido dificultades para atraer las amplias inversiones a largo plazo que necesita para impulsar su crecimiento.

Los inversionistas temen un posible retorno del populismo en futuras elecciones y la elevada inflación doméstica hace difícil el financiamiento.

“El financiamiento a largo plazo ha sido visto como uno de los desafíos principales”, dijo Candela Macchi, directora de Calificaciones de Infraestructura de Standard & Poor’s en Buenos Aires.