El empresariado paraguayo de todos los sectores y de todo el Paraguay, reunido en el FORO EMPRESARIAL 2018 e interesado en obtener mejores condiciones de vida de los ciudadanos expresa:

Conscientes de nuestro rol en la sociedad, manifestamos nuestra decisión de tener una participación más activa en la formulación e implementación de políticas públicas. Para ello ponemos a disposición de la clase política y del nuevo Gobierno (tomadores de decisión), experiencias y conocimientos acumulados en nuestro quehacer diario, a través del tiempo, al contribuir a la formulación de una visión compartida de país, permita consensuar y aplicar las políticas públicas adecuadas y justas. 

Creemos que la solución de los problemas estructurales del país puede lograrse con el trabajo mancomunado de los tres sectores de la sociedad (El Estado, Los Empresarios y la Sociedad Civil) en un gran “acuerdo país” donde cada cual cumpla a cabalidad con el rol específico que le corresponde. El nuestro es crear, mediante la inversión privada, riqueza y empleo e ingresos genuinos para la gente, mediante un trabajo digno, les permitan mejorar su calidad de vida

Creemos en el respeto a la Constitución, a la ley y a las Instituciones que rigen nuestro país, cuya vigencia plena garantizan la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Es hora de que digamos basta a las interpretaciones amañadas de los instrumentos jurídicos, a la utilización de la justicia y de otros mecanismos para satisfacer conveniencias personales o de grupos.

Creemos en la necesidad de una reforma institucional que mejore la gestión del Estado y sea capaz de ofrecer escenarios previsibles que permitan el crecimiento de nuestra economía a niveles que nos permitan impulsar un proceso de desarrollo real y sostenible. 

Creemos asimismo en la necesidad de que mejore la preparación profesional y, sobre todo, la formación moral de quienes tienen a su cargo la función pública, ya que no es viable un sistema democrático sin un sustento de idoneidad y de ética personal muy sólidas de sus autoridades.

Es necesario mantener y profundizar las políticas que sostuvieron nuestro crecimiento y desarrollo. Las modificaciones arbitrarias de las reglas de juego o el no respetarlas solo trae incertidumbre y aleja las necesarias inversiones privadas para la generación de empleo genuino.

Creemos en la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica, una inflación baja y estable, el tipo de cambio adecuado; al menos una década de inversión en infraestructura que permita compensar las deficiencias actuales y una política fiscal apropiada, que conduzca a impulsar el desarrollo económico con estabilidad de las reglas de juego. Para ello, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, tendrán que poner su mejor esfuerzo para neutralizar intentos populistas de aprobar presupuestos con desfasajes que van más allá de lo permitido por la ley de responsabilidad fiscal.

Creemos que la política fiscal debe estar sustentada por y al servicio de la visión y estrategia país. En tal sentido, el equilibrio fiscal no debe apalancarse solo en una visión parcial enfocada en el incremento del ingreso, que ha aumentado en forma consistente en los últimos años, sino también en una reorientación del gasto público. Este debe priorizar la inversión en infraestructura, conectividad, tecnología, internet, educación, salud, vivienda y seguridad buscando su aplicación eficiente, asumiendo el compromiso formal de combatir la corrupción, el prebendarismo y el clientelismo en la ejecución de ese gasto. Deben medirse los resultados en función a los objetivos propuestos y no por la ejecución del gasto, ya que ese indicador no permite saber si se aplicaron los recursos con eficiencia y eficacia.

Se necesita una mayor inversión en tecnología, conectividad y en el servicio de internet como pilares para el acceso y desarrollo de una economía del conocimiento.

Proponemos incentivar el desarrollo del campo a través de emprendedores rurales y las Mipymes, promoviendo la actualización tecnológica, la innovación y la capacitación para impulsar su incorporación a las cadenas productivas que existen en el país, su inserción en la economía moderna y la formalidad.

Necesitamos una diplomacia capaz de asegurar la inserción de Paraguay al mundo y la defensa de sus intereses, principio que nos permita tener a los mejor capacitados negociando nuevos acuerdos sobre Itaipu y Yacyreta; hidrovia y navegabilidad; corredores bioceánicos y los acuerdos de Mercosur; Mercosur-Unión Europea y aquellos con bloques económicos y países que serán necesarios para mejorar la competitividad del país en su comercio internacional.

Necesitamos que el Estado desempeñe sus funciones garantizando un manejo eficiente y transparente de la cosa pública, para lo cual se requieren instituciones públicas de mejor calidad, confiables y eficaces. Que los funcionarios públicos no electivos sean seleccionados por concurso entre los mejores postulantes, y que sean permanentemente evaluados en su gestión y, como fruto de ésta, promovidos o sancionados. Las autoridades y los funcionarios públicos deben evitar enfrentamientos estériles y posiciones arbitrarias y buscar a través del dialogo la solución a las controversias naturales en el ejercicio de sus funciones.

Esperamos acciones más decididas en contra de la corrupción, así como el fin de la impunidad que hace posible el incremento de los delitos contra el patrimonio de todos los paraguayos. La ley debe ser igual para todos, el gobierno debe liderar con el ejemplo la recuperación moral de la nación. 

Esperamos que se garantice la Seguridad física, jurídica y patrimonial a todos los ciudadanos que habitan la nación. Abogamos por que se eviten las acciones xenofóbicas contra inmigrantes que habitan nuestro suelo aportando con su esfuerzo al engrandecimiento del país. 

Ante el avance de la criminalidad es imperativo tener una estrategia de seguridad nacional que incluya la política carcelaria e involucre a todos los actores. Proponemos que se constituya un órgano publico/privado para desarrollar la estrategia, monitorear su ejecución y evaluar sus resultados.

Queremos acciones fuertes en la lucha contra la delincuencia urbana las bandas criminales en frontera, el tráfico y micro tráfico de drogas y el lavado de dinero debe ser frontal, con logros que nos permitan controlarlo en un corto plazo. Para ello, la decisión política y las acciones deben ser inmediatas.

Creemos firmemente que la libre empresa, la iniciativa e inversión privada deben ser consideradas como el motor del desarrollo, principal generador de riqueza y empleo digno. Los poderes del Estado deben asegurar las mejores condiciones para la actividad empresarial de tal manera que Paraguay sea reconocido por ser el país con el mejor ambiente para los negocios. Al Estado le compete asegurar marcos regulatorios modernos y eficientes y que garanticen la competencia.

Finalmente, el principio fundamental que proponemos es el del diálogo entre las distintas instituciones y poderes del Estado, la sociedad civil y el sector empresarial como la mejor forma de encarar el futuro ante los gigantescos desafíos que tenemos como sociedad y como país y ante la urgente necesidad que tenemos de desarrollarnos.