Según los últimos datos oficiales, provenientes de la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos así como de su Encuesta Permanente de Hogares, que hablan de una población cercana a 6,7 millones de habitantes, los socios de cooperativas representan algo más del 20% de la misma. Si se tiene de referencia la población económicamente activa, estimada en unos 3,4 millones, los socios de las cooperativas representan más del 40% de esta última. La proporción de mujeres, asociadas a las mismas, se halla también en proporciones similares.

 

Más de medio millón de socios sacan provecho en el área de salud, a través de prestaciones diversas por parte de su cooperativa. Por otro lado, alrededor de 115 mil empleos, directos e indirectos, fueron creados en las organizaciones solidarias. Una alta proporción de los mismos, superior a la media nacional, es ocupada por mujeres. En educación general y capacitación técnica, se vienen invirtiendo unos G 120 millones anuales y en términos de contribución social unos G 118 millones (dinero destinado al mantenimiento de caminos, fundamental para la vida comunitaria y para el transporte de la producción al mercado).

 

En términos de estratificación social, la mayor parte de sus socios pertenecen a estratos medios y bajos, predominando estos últimos. Es por ello que el promedio de depósitos y créditos por socio ronda de 3 a 5 millones de G anuales. Esta es, en las cooperativas, una diferencia fundamental a favor de la clase baja si se compara dicho promedio con el que se obtiene en bancos y empresas financieras.

 

Gracias al posicionamiento jurídico de las cooperativas, analizado en la primera entrega, y al económico-financiero, abordado en la segunda, atendiendo además estos indicadores sociales, señalados arriba, puede afirmarse contundentemente que el mayor aporte cuantitativo y el mejor aporte cualitativo de las cooperativas se halla en la reducción de la pobreza, en la medida a que ayuda a sus asociados a tener acceso a créditos blandos y a asistencia técnica a bajos precios. Por otro lado, la mayor parte de los puestos de trabajo creados por los entes cooperativos son ocupados a su vez por socios de los mismos. Vale decir, encuentran en sus cooperativas puestos de trabajo, asistencia técnica y créditos blandos.

 

Aumentar el IVA a las cooperativas de ahorro y crédito, como éstas no pueden realizar compensación ninguna entre débito y crédito de dicho impuesto, significará el encarecimiento de los créditos para sus socios, pertenecientes mayoritariamente a la mitad inferior de la pirámide social. Esto será igual por lo tanto a un severo obstáculo, impuesto a las cooperativas desde fuera, en su exitosa tarea de superación de la pobreza.

 

Es increíble que esto ocurra de parte de un Gobierno, que se ha propuesto como una de sus más altas prioridades la superación precisamente de esa pobreza, que va a aumentar con el proyecto de ley en el Congreso actualmente, al que se han introducido modificaciones provenientes de su mismo Ministerio de Hacienda.

 

Por lo tanto, habida cuenta del múltiple mandato constitucional de fomentar a las cooperativas así como de garantizar su libre organización y autonomía, a las mismas y a sus socios no les queda otra alternativa que oponerse a esta iniciativa del Gobierno y de algunos legisladores por socavar los principios de las mismas.

 

En consecuencia, los líderes cooperativos han lanzado en las últimas horas una exhortación nacional a sus asociados a movilizarse en todo lo ancho y largo de la República así como a defender en tribunas públicas, en los medios de comunicación y en las redes sociales su derecho constitucional a la libre organización y a la autonomía, reivindicando el “fomento de las cooperativas” como “instrumento de desarrollo”, en el que deben convertirse las mismas, precisamente por mandato de la Carta Magna.