El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el pasado domingo el incremento del salario mínimo y pensiones en 50% desde el 1° julio, con lo que el salario mínimo pasa de 65.021.04 bolívares a 97.531.56 bolívares.

Expertos reaccionaron al anuncio de Maduro de incrementar el salario, así como la base del cálculo del bono de alimentación de 13,3% y elevarlo de 135.000 bolívares a 153.000 bolívares (18.000 bolívares) y colocar el salario mínimo integral del trabajador venezolano en 250.531.56 bolívares desde los 200.021.04 bolívares.

Este es el tercer aumento de salario este año que ejecuta el gobierno de Maduro. En cuanto al bono de alimentación, es la quinta modificación.

A cuatro semanas de realizarse la elección constituyente, el presidente Nicolás Maduro apela otra vez al populismo para ganar apoyo, en un contexto convulso política y socialmente. Pero los efectos para la economía serán negativos y en lugar de favorecer a sus actores, los desmejorará.

Nominalmente se trata de un ajuste de 25%, en su conjunto, pero el mismo quedará anulado por la galopante inflación que devora el poder de compra del bolívar.

Tamara Herrera, directora de la firma Síntesis Financiera calcula que en junio los precios sufrieron una variación entre 23% y 26%, lo que indica que más dinero en la calle en el mes julio persiguiendo los mismos o menos bienes, seguirá disparando los niveles de inflación.

La Asamblea Nacional calcula que hasta mayo, los precios acumulan un alza de 127.8% en el año, pero el promedio previsto por el Fondo Monetario Internacional para todo EL 2017 se ubica en 720 por ciento.

En un año, la liquidez monetaria —cantidad de billetes y monedas, depósitos a la vista, ahorro y plazo en la economía— se ha multiplicado por cuatro para colocarse en 20.530 millones de bolívares al cierre de la semana del 23 de junio.

Sube el costo de la vida y se erosiona aún más el poder adquisitivo de los venezolanos, quienes ante la convicción de que el bolívar cada día vale menos, salen a hacerse de cualquier bien (incluyendo el dólar) para tratar de ganarle a la inflación y la escasez futura.

Pero además, los empleados de empresas pequeñas que no pueden con las enormes cargas que les impone el gobierno, corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo en un entorno recesivo y de caída de ventas de al menos 50%, según reportan fuentes del sector privado.

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) reportó que durante el primer trimestre del año sus más de 2.200 empresas afiliadas funcionaron en promedio a 32.4% de su capacidad, lo que compromete la velocidad de respuesta a una demanda cada vez mayor.

Peor aún es que de mantenerse las condiciones económicas actuales, 44% del parque industrial más grande del país desaparecerá en un plazo máximo de dos años.

Con medidas como estas el Ejecutivo venezolano añade más elementos a la destrucción de la economía, afectada también más recientemente por una ola de violencia en varias estados del país que ha dejado cientos de negocios saqueados con pérdidas millonarias y de empleos.

Los trabajadores, en lugar de celebrar el aumento salarial y del bono de alimentación, reciben la noticia con resignación ante la certeza de lo que vendrá.