Los referentes parlamentarios, analistas económicos y líderes empresariales recibieron de muy buena manera esta propuesta, cuyo elemento central pasa por la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) para apuntar a una política fiscal que sea contracíclica. Las políticas contracíclicas tienen relación con la función de estabilización económica que debe cumplir el Estado, lo que ocurre cuando el mismo realiza más inversiones y transferencias en momentos de recesión, y contiene el gasto cuando la economía registra alto crecimiento.

Esto implica que se generarían superávits fiscales efectivos en tiempos de alto crecimiento económico y déficits fiscales en tiempos de bajo crecimiento, lo que permitiría suavizar el impacto de los vaivenes de la economía sobre el bienestar de la gente. El mayor déficit fiscal en tiempos de recesión obedece a la caída de los ingresos tributarios -los que son sensibles a la situación económica- y también puede obedecer a un mayor gasto público contracíclico.

La propuesta se centra en el resultado fiscal estructural, que algunos también denominan resultado cíclicamente ajustado puesto que corrige los ingresos efectivos por el efecto de la situación económica. La diferencia entre este ingreso estructural y los gastos es el resultado estructural, el cual brinda una lectura más precisa del cambio en el resultado fiscal como consecuencia de las decisiones de política fiscal de las autoridades.

Con la modificación de la LRF se pretende establecer un límite para el resultado fiscal estructural, que podría ser de un equilibrio, déficit o superávit, objetivo que también limitaría indirectamente los resultados fiscales efectivos. Los citados límites –que aún no han sido definidos– se establecerán para garantizar la solvencia financiera del Estado.