Agrega que “se equivocan quienes piensan que las estrategias y las políticas económicas son simples aplicaciones técnicas y de gestión de gerentes. Si ésta fuera la vía, no hubiéramos tenido tantos países subdesarrollados. Las políticas públicas que promueven el crecimiento económico y el bienestar social surgen de la visión y fortaleza del sistema político, la participación plural de la sociedad y el respecto y cumplimiento de las normas”.

La democracia, según Borda es la“condición básica para el desarrollo económico, no se puede construir sobre el resquebrajamiento y la negación de los partidos políticos. Precisamente, necesitamos mejorar el sistema de partidos y sus representaciones y la participación ciudadana para avanzar en la intermediación genuina de las demandas de la sociedad; articular y armonizar intereses contrapuestos para converger hacia el bien común, más allá de los intereses particulares y de las ambiciones personales”.

Ademas “la enmienda no tiene una motivación que apunte a mejorar las reglas de juego, a despolitizar la Justicia, a limitar algunas atribuciones del Congreso, a agilizar la gestión del Poder Ejecutivo, a mejorar la representación parlamentaria, ni a disminuir la inequidad en la distribución de la riqueza, ingresos y oportunidades. Estos necesarios cambios solo podrán ser introducidos mediante el procedimiento de la reforma de la Constitución Nacional de 1992, no de una simple enmienda para favorecer a determinados líderes circunstanciales. Lo que sí haría la enmienda es impedir la posibilidad de una reforma futura”.

La crispación política suscitada por la reelección “nos impide pensar en cómo resolver las fallas estructurales que son los obstáculos del crecimiento económico inclusivo y sostenible. Hemos logrado recuperar y mantener la estabilidad macroeconómica mediante el debate y el acuerdo político iniciados en 2003. Los actores políticos y sociales valoran y respetan hoy esta conquista. Pero no hemos avanzado aún en disminuir la brecha social y la inequitativa distribución del ingreso que nos mantiene como uno de los países con mayor desigualdad del mundo. Comenzar a andar en esa dirección requerirá esfuerzos creativos, renunciamientos y negociaciones de largo plazo”.

La actual crisis política “pone en peligro la solución de los grandes problemas del desarrollo económico inclusivo. Debemos superarla para acordar entre todos una agenda económica que comprenda, entre otros puntos, la mejora de las condiciones del mercado laboral y la generación de empleos; la ampliación de la cobertura de la seguridad social y de las políticas sociales básicas; la eliminación de la pobreza extrema, la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad social; y, la expansión de las inversiones públicas”.

Borda concluye diciendo que “estos retos exigen debates, negociaciones y acuerdos de mediano y largo plazo basados en el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y de las representaciones genuinas y auténticas de la sociedad. El gobierno tiene aquí la responsabilidad mayor y debe dar señales claras de su compromiso de fortalecer las instituciones y de encaminar la economía hacia el crecimiento sostenible e inclusivo”.